El derecho al honor es un pilar fundamental en la protección de la dignidad y reputación de las personas. En el contexto legal español, este derecho se enfrenta a las libertades de información y expresión, creando una fina línea que los tribunales deben equilibrar. Sin embargo, al igual que ocurre con otras realidades del derecho (ej: el delito contra los sentimientos religiosos), se trata de una cuestión que tiene una difícil aplicación práctica.
Normativa Vigente
La Constitución Española establece el derecho al honor como uno de los derechos fundamentales en su art. 18. Además, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, regula el derecho al honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen. Esta ley protege a las personas frente a injurias, calumnias o difamaciones que atenten contra su honor.
La Prevalencia de las Libertades de Información y Expresión
En los casos en los que el derecho al honor se enfrenta a las libertades de información y expresión, los tribunales han sostenido que estas últimas prevalecen. La jurisprudencia ha establecido que la libertad de expresión, como garantía para la formación de una opinión pública libre y plural, debe gozar de un amplio cauce para el intercambio de ideas y opiniones. Esto incluye no solo ideas inofensivas, sino también aquellas que pueden herir u ofender.
Últimas Resoluciones
Veamos dos ejemplos recientes:
- Sentencia del Tribunal Supremo (164/2024):
- Materia: Derechos fundamentales. Derecho al honor frente a las libertades de información y expresión.
- Caso: El alcalde informó sobre una indemnización abonada a una empleada municipal en juicio por nulidad de sanción disciplinaria.
- Veredicto: Las expresiones críticas del alcalde no sobrepasaron el marco tuitivo de la libertad de expresión. Aunque ásperas, no constituyeron insultos personales desproporcionados.
- Caso de la Ministra de Igualdad (04/10/2023):
- La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estimó parcialmente una demanda contra la ministra de Igualdad por vulneración del derecho al honor, confirmándose la ejecución de la misma. Las palabras pronunciadas en la inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres y su publicidad en Twitter afectaron el honor del demandante.
Conclusión
En la política y asuntos de relevancia pública, la libertad de expresión alcanza su máximo nivel de eficacia justificadora. Las personas públicas deben soportar cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad se vean afectados por opiniones o informaciones de interés general3.
En resumen, la balanza entre el derecho al honor y las libertades de información y expresión requiere un análisis cuidadoso y ponderado por parte de los tribunales, considerando siempre el contexto y las circunstancias específicas de cada caso, así como su eventual colisión con otros derechos de las personas.
Abogado (colegiado nº 15.817 ICAS) y Doctorando en Derecho (uc3m).
Especializado en Derecho Público y Deporte.
Entre otros reconocimientos, finalista del Premio Extraordinario del Grado en Derecho (UCA), Premio Extraordinario de Bachillerato (Junta de Andalucía). Miembro de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo (AADD), Asociación Española de la Calidad Ética en el Deporte, Asociación «Jóvenes Juristas», dirigiendo en la actualidad su Departamento Jurídico. Autor de numerosas publicaciones jurídicas. Colaborador en medios de comunicación (articulista en «La Voz del Sur» y «Sevilla Actualidad») y conferenciante en universidades e instituciones académicas.
