En un mundo donde el derecho, la cultura y la tecnología convergen a una velocidad vertiginosa, Patricia Bueso, socia fundadora de CultuLaw, se erige como una figura clave en la anticipación y navegación de los desafíos legales que emergen. Con una trayectoria consolidada en el asesoramiento a promotoras musicales, editoriales y artistas, Bueso comparte en esta entrevista exclusiva con News Legal su visión sobre el presente y futuro de un sector en constante transformación.

Desde la irrupción de la Inteligencia Artificial hasta la expansión del metaverso, Patricia nos desvela cómo CultuLaw aborda esta intersección multidisciplinar, ofreciendo soluciones legales personalizadas y con un profundo conocimiento del ecosistema cultural.

CultuLaw se posiciona en la confluencia del derecho, la cultura y la tecnología. ¿Podría explicarnos la visión y misión de CultuLaw y cómo aborda esta intersección multidisciplinar en su día a día?

En CultuLaw entendemos que los desafíos más urgentes del siglo XXI, desde la protección de los derechos digitales hasta la regulación ética de la inteligencia artificial y la preservación del patrimonio cultural en entornos digitales, exigen un enfoque integrador y transversal.

CultuLaw es una firma legal especializada en derecho de la cultura y del entretenimiento en constante actualización. Acompañamos al sector cultural proporcionándole servicios legales personalizados y enfocados en el mercado más tradicional pero también en los mercados virtuales emergentes, asesorándoles en el uso de nuevas herramientas tecnológicas como blockchain, smart contracts o NFTs, así como en los retos de la inteligencia artificial y el metaverso que cada disciplina artística enfrenta.

A lo largo de nuestra trayectoria profesional hemos acompañado a multitud de clientes en los procesos de transformación que la industria musical, audiovisual o escénica han ido atravesando, la irrupción de internet y los servicios digitales, las diversas formas de monetización, los nuevos roles o agentes de la industria o los cambios de comportamiento de las personas usuarias, lo que nos ha proporcionado un gran conocimiento del sector desde dentro.

Generamos conocimiento, impartimos numerosas formaciones y procuramos fomentar las vocaciones artísticas y culturales mediante la generación de alianzas más allá de lo estrictamente mercantil, consiguiendo un impacto no sólo económico sino también social y educativo. 

En dicho sentido, nuestra visión consiste en contribuir al desarrollo de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible, donde la innovación tecnológica se alinee con los valores democráticos, el pluralismo cultural y el respeto a los derechos fundamentales.

Nuestra misión es ofrecer asesoramiento legal y orientación experta, así como herramientas prácticas que permitan a instituciones, entidades, artistas, anticiparse y responder de manera responsable a los impactos sociales, normativos y culturales de la transformación digital.

La IA generativa está transformando rápidamente la creación de contenidos. Desde la perspectiva de la propiedad intelectual, ¿cuáles considera que son los mayores desafíos y las oportunidades más interesantes que la IA presenta para artistas, creadores y las industrias culturales en general?

Como bien dices, la inteligencia artificial generativa está redefiniendo la industria cultural y con ello se plantean importantes retos especialmente para la propiedad intelectual. Entre los principales desafíos, podríamos destacar los que tienen que ver con la autoría y la titularidad de derechos: los sistemas de IA pueden generar obras complejas sin intervención humana directa o con intervención mínima. Esto cuestiona los marcos legales tradicionales que reconocen derechos solo a personas humanas, y obliga a repensar qué obras pueden protegerse y quién puede ser considerado su autor.

También con el uso de obras preexistentes para entrenar modelos: la mayoría de los modelos de IA se alimentan de grandes volúmenes de datos, muchos de ellos protegidos por derechos de autor, sin que exista siempre una autorización clara. Esto genera tensiones entre el derecho a la protección de las obras originales y las excepciones al copyright, como el uso justo.

Y por último, en cuanto a la trazabilidad y atribución de contenidos: la dificultad para rastrear los datos utilizados por una IA generativa complica la identificación de posibles infracciones, lo que repercute directamente en los derechos morales y patrimoniales de los creadores.

No obstante, esta tecnología también conlleva oportunidades. Permite a artistas y personas creadoras explorar nuevos lenguajes y formatos, democratiza el acceso a herramientas creativas y puede contribuir significativamente a la preservación y difusión del patrimonio cultural. Desde CultuLaw, creemos que es fundamental avanzar hacia un equilibrio normativo que fomente la innovación sin dejar de proteger los derechos de las personas creadoras y el acceso equitativo a la cultura.

¿Cómo cree que la legislación actual está adaptándose o debería adaptarse a la autoría y los derechos de las obras generadas por IA? ¿Qué papel juega la ética en este nuevo paradigma?

En España, la legislación en materia de propiedad intelectual no nos ofrece respuestas definitivas frente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial generativa, especialmente en lo relativo a la autoría, la titularidad de derechos y el uso de obras preexistentes para entrenar modelos. El marco actual, centrado en la creación humana, no contempla de forma específica las obras generadas o asistidas por IA, lo que crea un vacío legal y una necesidad urgente de actualización normativa. La norma avanza a un ritmo más lento que la realidad que encontramos en el día a día.

En este contexto, el nuevo Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea establece un punto de partida relevante, al conformar principios de transparencia, trazabilidad y supervisión humana, que pueden ser fundamentales en el ámbito de la cultura y la propiedad intelectual. 

La ética debería ser el eje estructural en el debate sobre la inteligencia artificial generativa. En un contexto donde los sistemas automatizados son capaces de producir obras visuales, textos, música o audiovisual de forma autónoma o semiautónoma, la pregunta ya no es solo jurídica acerca de quién es el autor/a, sino que también es profundamente ética y moral sobre cómo asegurar que los procesos de creación con IA respeten los derechos humanos, la diversidad cultural y la equidad.

Desde CultuLaw consideramos que la ética debe llevarnos a tener en cuenta algunos aspectos fundamentales como la transparencia, que las personas usuarias, creadoras y consumidoras, sepan cuándo un contenido ha sido generado o modificado por una IA, bajo qué condiciones y con qué datos de entrenamiento. La trazabilidad y la explicabilidad son elementos éticos imprescindibles para evitar la desinformación, la apropiación indebida y la pérdida de confianza pública.

Del mismo modo, la creación cultural no puede reducirse a procesos automatizados que repliquen sesgos o vulneren derechos. Las IAs entrenadas con grandes volúmenes de obras protegidas deben respetar el trabajo previo de las personas creadoras, y cualquier sistema debe prever mecanismos de atribución, compensación y control humano significativo y por último, éticamente, debemos asegurar que la IA no concentre aún más el poder creativo y económico en manos de unas pocas plataformas, sino que se utilice como herramienta para ampliar el acceso, preservar el patrimonio cultural y empoderar a nuevas generaciones de creadores/as en toda su diversidad.

La tecnología no es neutral: cómo se diseña, cómo se utiliza y para qué fines son preguntas que deben responderse desde una mirada ética y colectiva.

El metaverso es un concepto en plena expansión. Desde su experiencia, ¿qué implicaciones legales son las más urgentes de abordar en relación con la protección de datos, la identidad digital, los activos virtuales y los derechos de propiedad intelectual dentro de estos entornos inmersivos?

Patricia Bueso Entrevista

En CultuLaw hemos sido pioneras en la protección de la propiedad intelectual en el metaverso, cuando casi nadie hablaba de estos temas, iniciamos nuestro asesoramiento y orientación a las empresas y entidades que se estaban iniciando en este mundo. El metaverso representa un nuevo paradigma digital que amplifica tanto las oportunidades como los desafíos legales en ámbitos clave como la protección de datos, la identidad digital, los activos virtuales y la propiedad intelectual. 

Desde nuestra experiencia, entre las implicaciones más urgentes a abordar se encuentra la protección de datos personales, los entornos inmersivos del metaverso recopilan grandes volúmenes de información sensible, incluyendo datos biométricos y de comportamiento, lo que exige reforzar la privacidad y garantizar el cumplimiento estricto del Reglamento General de Protección de Datos; igualmente la gestión y verificación de identidades digitales en el metaverso debe garantizar la autenticidad, la protección contra suplantaciones y el control por parte de las personas usuarias, para preservar su integridad y derechos fundamentales.

También es necesaria una regulación aún más clara sobre la titularidad, transferencia y protección de activos digitales, como NFTs, criptomonedas y otros bienes virtuales, es esencial para evitar fraudes, establecer reglas contractuales claras y proteger a consumidores e inversores.

Y, en cuanto a la creación, reproducción y distribución de contenidos dentro del metaverso la dificultad la volvemos a encontrar en el respeto de los derechos de autor y conexos, especialmente por la facilidad para copiar y modificar obras en estos entornos digitales.

Para un profesional del derecho, ¿qué conocimientos específicos son cruciales para asesorar eficazmente en proyectos relacionados con el metaverso y las nuevas realidades inmersivas?

Para asesorar eficazmente en proyectos relacionados con el metaverso y las nuevas realidades inmersivas, un profesional del derecho debe contar con un conocimiento multidisciplinar que combine aspectos tecnológicos, jurídicos y éticos.

En primer lugar, es fundamental entender las tecnologías subyacentes, como la realidad virtual y aumentada, blockchain y los sistemas de identidad digital, para poder anticipar sus implicaciones legales.

En segundo lugar, se deben dominar áreas jurídicas clave, incluyendo la protección de datos personales, la regulación de activos digitales, la propiedad intelectual en entornos digitales, y el derecho contractual aplicado a contratos inteligentes y economía digital.

Por último, diría que debe realizarse un seguimiento normativo europeo e internacional más allá de nuestro marco nacional, que permita conocer cómo se están resolviendo estas cuestiones legales en otros países, el mundo globalizado y tecnológico en el que nos encontramos exige ir de lo global a lo local.

El profesional del derecho más tradicional, como hasta ahora lo hemos entendido, que domina un área jurídica, debe incorporar una mirada multidisciplinar que le permita anticipar riesgos y oportunidades en estos nuevos espacios digitales que ya están afectando a todos los sectores legales.

En CultuLaw, como parte de nuestras actividades, proporcionamos formación integral y actualizada para que los profesionales del derecho puedan enfrentar con éxito los retos que plantea esta nueva etapa digital.

Con su amplia experiencia asesorando a promotoras musicales, editoriales y artistas, ¿cuáles son los tres principales desafíos legales que identifica actualmente para el sector cultural, más allá de los puramente tecnológicos? ¿Cómo pueden los profesionales del derecho ayudar a superarlos?

Te diría que resumir en tres, los desafíos que sigue enfrentando el sector cultural, es en sí mismo un gran reto. Durante más de veinte y cinco años trabajando en esta área, creo que podrían resumirse en primer lugar, en lo que es ya una constante a lo largo del tiempo y es la propia precariedad laboral y económica del sector, que dificulta su acceso a la protección social y su sostenibilidad, muchos de los artistas a los que asesoramos tienen que trabajar en otro sector para obtener una estabilidad económica y una gran mayoría, llegan a su edad de jubilación sin una pensión mínima garantizada que les permita vivir con dignidad, destacando que la brecha de género sigue siendo una realidad.

En segundo lugar, diría que otro problema actual, es la concentración de gran parte de la industria cultural en plataformas digitales, de streaming, grandes festivales, lo que conlleva una pérdida de modelos más sostenibles para los artistas, dificulta la monetización de sus creaciones, sobre todo a aquellos más emergentes y complejiza el entendimiento de los contratos y de los pagos de royalties. La complejidad para gestionar derechos en un entorno globalizado y digitalizado genera dificultades para que artistas y promotoras reciban una remuneración justa y transparente. La creciente diversidad de formatos y colaboraciones artísticas exige contratos claros, flexibles y adaptados a las particularidades del sector, para evitar conflictos y proteger los intereses de todas las partes.

Por último, destacaría el acceso limitado a financiación y ayudas públicas, especialmente para artistas emergentes, independientes, proyectos comunitarios y géneros minoritarios. Este reto no es solo financiero, sino también estructural y normativo. Gran parte de las ayudas públicas, subvenciones y patrocinios suelen dirigirse a grandes instituciones o festivales consolidados, dejando fuera a una gran mayoría de agentes culturales independientes, especialmente en el ámbito local. Además, las convocatorias de mayor dotación suelen concentrarse en grandes ciudades, dificultando el acceso a proyectos en zonas rurales o periferias urbanas. A lo que se añade, la propia complejidad del proceso burocrático, muchos artistas y colectivos musicales carecen de la capacidad técnica, jurídica o administrativa para cumplir con las exigencias de convocatorias públicas y requieren de la contratación de servicios legales para su tramitación.

Esta limitación en el acceso a financiación pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo de carreras artísticas y la existencia de escenas musicales independientes, que cumplen un rol fundamental en la innovación y el tejido social.

Los profesionales del derecho pueden ayudar a superar estos retos ofreciendo un asesoramiento integral, personalizado y adaptado a las particularidades del sector cultural. Nuestro papel no debe ser el de resolver conflictos, sino principalmente el de anticipar riesgos, diseñar estrategias legales que potencien la creatividad y defender los derechos de creadores y empresas culturales en un entorno dinámico y global. La especialización de los profesionales del derecho en el sector cultural debe ser la prioridad.

La cultura es un campo diverso, dinámico y en constante transformación, que opera en la intersección de lo artístico, lo social, lo económico y lo tecnológico. Este carácter transversal exige a los profesionales del derecho conocimientos específicos y una comprensión profunda del ecosistema cultural, que van más allá de una formación jurídica generalista.

El sector cultural está regulado por un conjunto complejo de normas que incluyen legislación sobre propiedad intelectual, régimen jurídico del patrimonio cultural, normativas sobre contratos artísticos, mecenazgo, fiscalidad cultural y ayudas públicas, regulaciones laborales específicas para trabajadores de la cultura y conocimientos sobre el marco europeo e internacional aplicable a la circulación de obras y artistas, entre otros y que abarcan disciplinas muy variadas, como la música, el audiovisual, las artes escénicas, plásticas, literarias. Una lectura general del derecho no permite abordar adecuadamente las particularidades técnicas y prácticas que estos marcos exigen. Laespecialización permite interpretar y aplicar estas normas con mayor rigor, sensibilidad y eficacia.

Solo un profesional especializado en derecho cultural podrá proteger adecuadamente los derechos de los artistas en entornos físicos y digitales, negociar contratos, asesorar sobre licencias, monetización, coproducciones y distribución internacional o defender la libertad de expresión y los derechos culturales ante censura o restricciones.

En CultuLaw entendemos además que la cultura no puede entenderse únicamente como un bien económico, sino como un derecho, un bien común y una herramienta de transformación social, por lo que integramos perspectivas de derechos humanos y diversidad cultural, enfoques de inclusión, y criterios éticos.

Los profesionales del derecho especializados en cultura son claves para contribuir en la redacción de políticas culturales con seguridad jurídica, fortalecer la contratación pública y la gestión de subvenciones, representar y proteger los intereses de artistas y colectivos en contextos locales e internacionales e impulsar marcos normativos que equilibren innovación, acceso y protección de derechos.

Patricia Bueso Entrevista

Ha trabajado en consultorías internacionales y proyectos europeos. ¿Qué tendencias o regulaciones emergentes en el ámbito del derecho de la cultura y la tecnología a nivel europeo o global considera que tendrán un mayor impacto en España en los próximos años?

Desde mi propia experiencia en consultorías internacionales y proyectos europeos y como miembro del Intellectual Property Board del EIT Culture & Creativity que es una comunidad de innovación auspiciada por la Comisión Europea que tiene como objetivo impulsar la transformación de los sectores culturales y creativos en Europa, considero que la regulación europea sobre inteligencia artificial será clave para proteger a los artistas frente a las imitaciones generadas por IA, y para regular el uso de obras sin consentimiento. En los próximos años, España deberá adaptar su marco normativo e institucional para garantizar el cumplimiento de estas exigencias, que afectarán entre otras, a las industrias creativas, el audiovisual y la música.

A nivel europeo e internacional está abierto el debate sobre cómo proteger las obras creadas o asistidas por inteligencia artificial, cómo gestionar el uso de obras preexistentes para entrenar algoritmos y cómo adaptar los sistemas de licencias a un entorno globalizado y automatizado. La generación automatizada de guiones, voces o animación está planteando estos nuevos dilemas sobre derechos de autor, contratos colectivos y reconocimiento de la creación humana.

También existendirectivas y normativas emergentes que están impulsando una mayor transparencia en la distribución de ingresos por streaming, que es una demanda histórica del sector musical independiente.

Por otro lado, las políticas de datos como la Data Acty la Digital Services Act de la UE también tendrán efectos relevantes en el acceso, interoperabilidad y reutilización de datos culturales, así como en la regulación de plataformas que distribuyen contenidos culturales. Creo que ha comenzado una nueva era sobre el acceso abierto, la preservación del patrimonio digital y los derechos culturales en entornos digitales que combina con una tendencia global hacia la regulación ética de la tecnología. Esta regulación afectará directamente a plataformas como YouTube, TikTok o Twitch, imponiendo obligaciones sobre moderación de contenidos, visibilidad y responsabilidad ante usos ilegales o desinformación.

En muchos países europeos, además, se están promoviendo reformas para mejorar las condiciones laborales de intérpretes, bailarines y técnicos del espectáculo, lo cual presiona a España a actualizar su marco normativo y su sistema de estatuto del artista, y aunque ha habido importantes modificaciones en los últimos años, se siguen necesitando nuevas reformas adaptadas a las características de estos sectores.

El marco regulatorio europeo y global avanza hacia un modelo más responsable, transparente y centrado en los derechos. Para el sector cultural en España, esto implica no solo adaptarse normativamente, sino también promover capacidades institucionales, formación jurídica especializada y espacios de diálogo entre el sector público, los creadores y la ciudadanía.

¿Qué consejo le daría a otros abogados interesados en expandir su práctica hacia proyectos legales internacionales o de financiación europea en estas áreas?

Les diría, ante todo, que se formen y se posicionen desde una lógica de colaboración multidisciplinar y estratégica. El mundo de los proyectos europeos o internacionales no se rige únicamente por el conocimiento jurídico, sino también por la capacidad de interpretar y analizar contextos diferentes, construir alianzas y generar valor dentro de equipos diversos. Algunos consejos concretos podrían ser, conocer cómo funciona la arquitectura de la UE, qué programas de financiación existen (Creative Europe, Horizon Europe, EIT Culture & Creativity, etc.), y qué prioridades políticas marcan la agenda (transición digital, inclusión, sostenibilidad, economía creativa, etc.).

También que se preocupen por desarrollar nuevas competencias en gestión de proyectos internacionales, aprender idiomas, generar alianzas para construir un consorcio en el caso de proyectos europeos, entender las exigencias jurídicas y contractuales de la UE o gestionar la propiedad intelectual en proyectos colaborativos.

La práctica jurídica en estos entornos requiere sensibilidad hacia las dinámicas del sector cultural. Participar en redes, ferias, foros y plataformas europeas es otra oportunidad para entender las necesidades reales del sector y anticipar oportunidades.

Es muy importante también, tener en cuenta el enfoque ético y social. Tener una mirada respetuosa con la diversidad cultural, los derechos humanos, la sostenibilidad o la inclusión no solo es coherente con las prioridades europeas, sino también una ventaja estratégica.

Con su enfoque en la innovación y las nuevas tecnologías, ¿cómo ve la evolución de la profesión legal en los próximos 5 a 10 años? ¿Qué habilidades o áreas de conocimiento serán indispensables para los abogados del futuro?

La profesión legal está experimentando una transformación profunda. En los próximos años, el ejercicio del derecho será cada vez más tecnológico, transversal e interdisciplinario. La abogacía ya no podrá limitarse a conocer normas y jurisprudencia; necesitará entender el contexto digital, social y global en el que opera su clientela.

Creo que la profesión evoluciona y lo está haciendo ya, hacia la digitalización del trabajo jurídico. La automatización de tareas repetitivas está cambiando el enfoque del trabajo legal hacia el valor añadido: estrategia, negociación, interpretación y acompañamiento ético y el uso de herramientas de IA, blockchain, análisis de datos y gestión digital será el día a día en los despachos.

Se requiere por tanto una mayor especialización sectorial y tecnológica. El derecho ya no será una disciplina aislada, sino un instrumento de gobernanza, regulación e innovación.

También será una profesión más global e interconectada. El marco jurídico europeo e internacional será cada vez más relevante. Las oportunidades laborales y de impacto estarán en proyectos transnacionales, normativas comunitarias y alianzas público-privadas a gran escala.

E igualmente se precisará un rol más ético, social y proactivo, la abogacía tendrá un importante papel comogarante de derecho, mediadora de intereses y generadora de confianza.

Por tanto, algunas habilidades indispensables serán la alfabetización digital y jurídica avanzada; el pensamiento crítico y estratégico; las habilidades comunicativas y de negociacióny la formación continua y mentalidad de aprendizaje.

Patricia, usted se define como una abogada «inquieta hacia nuevos horizontes» y destaca competencias como la creatividad y la flexibilidad. ¿Cómo aplica estas cualidades en su práctica diaria y cómo cree que pueden beneficiar a otros profesionales del derecho?

Definirme como una abogada “inquieta hacia nuevos horizontes” refleja mi actitud constante de búsqueda y aprendizaje frente a un mundo jurídico y cultural en transformación. La creatividad es esencial, me permite encontrar soluciones jurídicas innovadoras que se adaptan a contextos complejos, especialmente en áreas emergentes como la propiedad intelectual digital, la inteligencia artificial o los proyectos culturales internacionales. Intento siempre pensar más allá del marco normativo tradicional, explorando enfoques interdisciplinarios que aporten valor real a mi clientela y promuevan nuevas oportunidades.

La flexibilidad igualmente es fundamental para poder adaptarme a entornos cambiantes, desde nuevas tecnologías hasta diferentes culturas y sistemas legales. Me ayuda a gestionar proyectos colaborativos con equipos multidisciplinares y a responder ágilmente a retos inesperados, sin perder rigor ni calidad.

Creo que estas cualidades pueden beneficiar a otros profesionales del derecho porque como hemos comentado, el ejercicio jurídico actual ya no es lineal ni exclusivo. La capacidad para innovar, adaptarse y colaborar es cada vez más necesaria para asesorar con eficacia, construir puentes entre sectores y anticipar soluciones ante la rápida evolución normativa y social. Nunca he sido una “abogada tradicional al uso” y he transitado por diferentes disciplinas complementarias al derecho que me han permitido trabajar en estos entornos multiculturales e internacionales que a su vez me permiten incorporar a mi trabajo diario competencias que se han desarrollado en otros equipos o países.

Una mentalidad abierta y creativa en el derecho es clave para que la abogacía pueda afrontar los desafíos de un entorno profesional complejo y en constante cambio.

En esta era digital, donde estamos viendo que la cultura y la tecnología convergen como nunca antes, el derecho juega un papel fundamental como puente y garantía de un ecosistema cultural dinámico, justo e inclusivo y aunque vivamos inmersos en estas nuevas tecnologías, me gustaría dejar como reflexión, que el futuro no es solo tecnológico, sino que debe seguir siendo profundamente humano.

Debemos incorporar la innovación sin perder de vista los valores que sustentan la cultura: la diversidad, la creatividad, la ética y el respeto a los derechos de todas las personas. La abogacía tiene la responsabilidad y la oportunidad de ser agentes de cambio que acompañen esta transición, facilitando marcos legales que protejan a la ciudadanía y abriendo nuevos caminos para que la cultura siga siendo un motor vital de identidad y desarrollo social.

Anthony Weston que es un filósofo del pensamiento crítico, creativo y constructivo, dijo en una ocasión que “Estamos obligados a hacer algo más que simplemente continuar”. Invitaría a todas las personas profesionales del derecho y de la cultura a mantener su curiosidad, una mente abierta y un compromiso social, porque solo así podremos construir un futuro donde la cultura digital sea un espacio de oportunidad, diálogo y pluralidad para todas las generaciones.